La mañana del jueves 12 de julio, el Malecón de Santo Domingo amaneció inundado de desechos tras el paso de la tormenta Beryl. La marejada de plástico dificultaba la navegación de pequeñas embarcaciones y provocó una especie de histeria colectiva que afectó la imagen internacional de las costas paradisíacas dominicanas.
Autoridades, organizaciones ambientales, ciudadanía, influenciadores en redes sociales y los equipos de responsabilidad social y gestión humana de las empresas se movilizaron para limpiar las playas. “Ola tras ola de basura golpean República Dominicana”, tituló el New York Times y hasta celebridades como Kim Kardashian, Jason Momoa (Aquaman) y Josh Brolin (Thanos, en la película Avengers) expresaron en las redes sociales su alarma ante la “emergencia”. El episodio puso de relieve, nueva vez, la importancia del manejo adecuado de los residuos y la necesidad de una intervención urgente. Pareció ser un puntapiés para la Cámara de Diputados, la que decidió aprobar, una semana después del hecho, el proyecto de ley de gestión integral de residuos sólidos, el cual estaba pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, al momento de cerrar esta edición. “El país no había despertado esa conciencia hasta que la basura nos arropó y nos dio en la cara con incendios en vertederos, agua de cañadas contaminadas y una costa llena de residuos que presentó un escenario que afecta nuestro turismo”, afirma Mariely Ponciano, docente de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en el INTEC y consultora del proyecto Economía circular de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En República Dominicana existen más de 350 vertederos a cielo abierto, 325 de ellos identificados por coordenadas, y que contaminan de forma permanente el suelo, el aire y el agua con gases y líquidos tóxicos (lixiviados) que se infiltran en los ríos y acuíferos, según se describe en la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales (RSM) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos botaderos funcionan como focos de múltiples enfermedades e incendios que contribuyen al calentamiento global y, en consecuencia, al cambio climático.
“Poco a poco el país ha dado pasos concretos para el manejo adecuado de los residuos sólidos”, afirma Ponciano. Existen 12 instrumentos legales sobre el tema, además de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo; también una política, presentada en 2014 y vigente desde mayo de 2017; una propuesta de Estrategia nacional para el saneamiento desde 2016, avances institucionales con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales, así como iniciativas privadas de gestión de residuos, producción más limpia, educación ambiental y reciclaje. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y entidades del sector privado desarrollan la plataforma Empresas sostenibles, para ayudar a las empresas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030. A pesar de ello, el problema persiste e impacta múltiples ámbitos como la salud, la economía, el turismo, la protección del medioambiente y la educación.
A nivel gubernamental se creó el programa Dominicana Limpia, coordinado por Domingo Contreras, director general de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), una iniciativa nacional para el manejo integral de los residuos que procura, entre otros objetivos, la conversión de vertederos en rellenos sanitarios.
Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso el cierre técnico de siete vertederos, de los cuales ya iniciaron Verón, Villa Altagracia y Tamboril. Quedan pendientes Duquesa, Moca, Puerto Plata y San Pedro de Macorís, de acuerdo con Francisco Flores Chang, encargado de los Residuos Sólidos del ministerio.
El “cierre técnico” significa que en un plazo no mayor a cinco años se debe buscar las alternativas para estos botaderos y fomentar el reciclaje para disponer adecuadamente de estos residuos. Sin embargo, la cadena no está completa hasta que no se valoricen los residuos y se identifiquen empresas interesadas en procesarlos y dedicarse a esta actividad económica; ese es el reto mayor. Para Contreras, construir un sistema de manejo integral de los residuos como se ha concebido en el plan Dominicana Limpia, requiere que la industria se involucre y los desechos como vidrio, plásticos, neumáticos, papel y cartón sean valorizados. Advierte que el manejo de residuos sólidos tiene un alto costo. “La operación integral desde el barrido, recolección, transporte, valorización y depósito final no está financia-da a lo largo de la cadena”, expresa Contreras, quien plantea un sistema de impuestos para su financiamiento, algunos propuestos en el anteproyecto de ley.
Sin embargo, el referido anteproyecto ha recibido cuestionamientos porque propone nuevos impuestos, pero establece la responsabilidad extendida de las empresas sobre los productos que fabrican y crea un Fideicomiso, entre otras disposiciones.
Pero la idea de transformar residuos de plástico o exportarlos hacia otros países ha recibido un golpe. Un reportaje de Dilenni Bonilla, del periódico El Día, destaca que la prohibición de China a la importación de estos materiales ha provocado la quiebra de 22 de las 30 empresas recicladoras de plástico PET del país y ha dejado sin empleo a 2,000 personas, sin contar con la propagación de esos desechos. Además, ha depreciado el producto de ocho pesos por kilo a un peso, lo cual plantea la necesidad de dinamizar esta industria local y favorecer el fortalecimiento y la diversificación de un mercado basado en residuos.
El hallazgo de restos de extremidades humanas en el Parque Mirador Norte, desechados por un centro de salud cercano fue reseñado por varios medios de comunicación en noviembre de 2018, lo quepone de manifiesto el largo camino por recorrer para la adecuada disposición de los residuos peligrosos.
Este tipo de residuos constituyen una categoría en sí mismos y su tratamiento varía según el tipo, por lo que el sistema de gestión se concibe aparte para que no estén en contacto con los residuos municipales, tal y como dispone la normativa vigente.
Desde balas o explosivos viejos, medicamentos vencidos, reactivos químicos, envases que contenían agroquímicos o pesticidas vencidos hasta lámparas fluorescentes, cada uno de los cuales tiene una forma diferente de tratarse para asegurar que no causen daños y gestionar el riesgo asociado a los mismos.
El Reglamento 126-09 sobre Desechos y Residuos Generados por los Centros de Salud y Afines, del Ministerio de Salud Pública, regula ese aspecto, lo mismo la Norma para la Gestión Integral de Desechos Infecciosos (Biomédicos) y la Norma para la Gestión Ambiental de Desechos Radioactivos. Ambas normas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este último ministerio también trabaja en una norma sobre los desechos electrónicos.
En Constanza, además de los residuos tradicionales como envases de comida, botellas plásticas y foam, miles de envases de agroquímicos que son residuos peligrosos, terminan en la presa de Pinalito.
La situación es más compleja y en diversificación aún en zonas agrícolas. Cultivos como la fresa, ajíes y toma-tes también usan grandes sábanas de plásticos como cubierta del suelo y para los túneles. La mayoría de es-tos residuos peligrosos y envases terminan en la presa de Pinalito, fuente de agua para decenas de comunidades, lo que representa un problema latente para la salud de miles de personas que consumen esa agua. El Consejo Ambiental de Constanza, con apoyo de organizaciones como AFIPA, ha desarrollado varias iniciativas, como un centro de acopio para recolectar los plásticos que se generan en ese municipio agrícola donde a diario se lanzan a ríos y arroyos envases de productos químicos, además de foam en los que se sirven los alimentos y bebidas de aproximadamente 30,000 obreros que trabajan en los campos.
Flores Chang afirma que para lograrlo es fundamental tener una ley sobre gestión de residuos sólidos que abarque todo el territorio y establecer un régimen de consecuencias para persuadir a todos los actores ante la disposición incorrecta de los residuos.
Contreras explica que hasta el momento Dominicana Limpia financia la clausura de los botaderos y la construcción de los destinos finales de residuos municipales, pero se trata de un proyecto de transición para consolidar un sistema que debe operar a partir de los municipios y alianzas público-privadas.
En ese sentido, desde la academia, el INTEC hace aportes para la solución nacional de esta problemática a través del desarrollo de distintos proyectos en la coordinación gobierno-academia-sector privado.
Cabe señalar de manera especial el apoyo desigual de Manejo Integral de Residuos Sólidos “Dominicana Limpia” y el proyecto Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial para Ciudades Dominicanas (RD-Lab), que, entre otros aspectos, apunta al futuro de cómo deben funcionar los servicios en las urbes.
Fuente: Dirección General de Aduanas (DGA). Enero 2014 – junio 2018.
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